En la Comisión de Investigación de la implantación de las renovables, entre otras conclusiones se encuentra la necesidad de elaborar y aprobar un Plan Energético de Aragón, que es lo que dice la ley y no se cumple desde hace 4 años. También se insta a las empresas a que cumplan con las condiciones impuestas para poder ejecutar los proyectos; es decir, se vuelve a pedir que se cumpla con la ley.
La sabiduría popular se basa en constatar que una misma situación o hecho se repite y obtiene los mismos resultados tantas veces como se produzca, por eso dice que “si quieres demorar algo y no obtener ningún resultado, crea una Comisión”.
En la Comisión de Investigación de la implantación de las renovables, entre las conclusiones aceptadas y con mayor consenso, se encuentra la de la aprobación de un Plan Energético de Aragón, caducado hace cuatro años, y elaborar leyes del paisaje y ordenación del territorio. La decisión resulta un poco tardía, ya que están en proceso administrativo proyectos para llenar buena parte de la provincia de Teruel, así como del resto de Aragón, y estando de acuerdo en que nunca está de más planificar y regular, no es menos cierto que si se llega tarde la efectividad es mínima o nula.
«Nunca está de más planificar y regular, pero si se llega tarde, la efectividad es mínima o nula.»
Esta Comisión también acepta la falta de personal, las prisas, la deficiente gestión en la tramitación causada por la acumulación de expedientes y por la saturación que el INAGA lleva sufriendo hace años; pero todo esto no puede justificar que los expedientes pasen sin las suficientes garantías y sin medidas y controles, pues significaría un incumplimiento legal y no ser garantistas con el medio ambiente.
Resulta, como poco, sorprendente que una de las conclusiones acordadas sea que las empresas cumplan con las medidas impuestas y que se deberá hacer un seguimiento efectivo de todos los condicionantes y acuerdos recogidos en el Plan de Seguimiento. Acordar lo que la ley ya obliga demuestra que la ley no se ha estado cumpliendo y sería causa suficiente para presentar una denuncia ante la fiscalía o el juzgado. El mismo texto retrata a la Comisión y desvela sobradamente el poco interés por resolver las ilegalidades que se han dado.
En Aragón ya existen leyes claras sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo, pero esto no ha impedido que durante los últimos años se hayan emitido informes tibios y favorables a la implantación de proyectos en Red Natura, en IBAs, en Parques Culturales, en zonas de protección para especies en peligro de extinción, en suelos calificados como rústico especial, en concentraciones parcelarias y regadíos, que se deberían haber denegado o al menos condicionado su aprobación. Es una de las conclusiones más incomprensibles y fuera de lugar que ahora la Comisión inste a decidir las zonas idóneas para implantar proyectos.
No deja de sorprender que la Comisión apruebe resoluciones hablando de la importancia de las renovables, de su aportación a la descarbonización, o afirmaciones para ponerlas en valor, cuando la realidad es que nadie, desde los movimientos sociales de oposición, ha puesto en cuestión las renovables ni su importancia para la lucha contra el cambio climático, la mejora de la biodiversidad y la reducción de contaminantes a la atmosfera, ya que lo cuestionado es el procedimiento administrativo y el apoyo a un modelo pensado para grandes empresas, a las que claramente se ha ayudado y favorecido, olvidando la opción de la implantación por parte de la ciudadanía.
Cuando se afirma que no hay responsabilidades penales ni defectos que exijan una intervención de la justicia se están olvidando muchas de las declaraciones expuestas en la Comisión. Las consultoras contratadas acreditaron que habían trabajado para empresas cuyos expedientes tenían que evaluar y estos eran pasados a firma del Director del INAGA sin ser examinados por funcionarios; posiblemente no exista delito, cosa que deberían decidir los jueces, pero muy legal no parece. La existencia de dobles informes para algunos proyectos, que se deben a una segunda redacción del Director, quedó constatada por diversos testimonios, lo que suena a tráfico de influencias y cambio de criterio por presiones externas. Las adendas gestionadas sin participación pública, ni información, tampoco dan imagen de legalidad. La falta de rigor en los proyectos presentados, que fue reconocida tanto en la Comisión como en varias Declaraciones de Impacto Ambiental, se debería haber resuelto con la solicitud de presentación de un nuevo proyecto y no con “parches” de las empresas, que incumplen la ley de participación ciudadana y el Tratado de Aarhus. En varios proyectos se han invadido áreas de hábitat de especies de animales y plantas protegidas y en peligro de extinción y esto supone saltarse la legalidad vigente y llegar a producir daños irreversibles como está sucediendo en el, actualmente paralizado, proyecto de Santos de la Piedra.
La Comisión habla en reiteradas ocasiones de indefensión del INAGA y La Dirección General de Energía y Minas, por carecer de unos criterios claros y una zonificación, pero la realidad es que ésta sí existía y aunque no fuera preceptiva se podía tener en cuenta y hacerla cumplir, pues para eso la preparó el MITERD. Además la legislación es abundante en preservación de especies, de espacios y de hábitats. No considerar todo esto como criterios para limitar la implantación da idea de cómo se han hecho las cosas.
En definitiva, esta Comisión se traduce en una pérdida de tiempo y de recursos públicos, que sí ha servido para poner de manifiesto distintas posturas y ahondar en la división que genera la implantación de las macrorenovables por su falta de transparencia y su alto componente especulativo.