La vicepresidenta tercera compareció el pasado martes 23 de enero en el Congreso de los Diputados. La intervención no tuvo un extraordinario seguimiento en la prensa y es una lástima en atención a sus repercusiones potenciales.
Uno de los escasos titulares ha sido el de que «próximamente» consultará a los principales actores del sector eléctrico para garantizar un despliegue de las energías renovables ordenado y justo. Es decir, la ministra reconoce que hasta ahora no ha sido ni lo uno ni lo otro (no podemos estar más de acuerdo) y que quiere llevar a cabo una política racional cuatro años después de que, por ejemplo, Paisajes de Teruel le advirtiera personalmente y por escrito del problema que se estaba generando. La respuesta fue tan evasiva como reveladora de lo que se avecinaba: un Ministerio al servicio de las compañías eléctricas y una María Teresa Ribera que ha eliminado las Evaluaciones de Impacto Ambiental para instalaciones de renovables fuera de la Red Natura 2000 (Real Decreto 20/2022).
Ante la magnitud y la velocidad del despliegue de macrocentrales en el medio rural es legítimo sospechar de las intenciones del proyecto. ¿Se pretende ordenar el sector después de años tirados a la basura? Más bien parece mero oportunismo si el proceso no se acompaña de una retirada de lo dispuesto en el Real Decreto citado y de una moratoria en el despliegue de macrocentrales en el medio rural, no así en entornos urbanos y degradados, y en iniciativas de autoconsumo y ahorro. Aducir que esta moratoria es inviable por lo apremiante de la situación es una excusa barata: la moratoria que exigimos no es total, ni en los ámbitos ni en la escala de su aplicación.
La declaración de la ministra verificó la nula novedad de lo propuesto. Ella misma se delató al silenciar las alternativas (priorizar instalaciones junto a los núcleos de consumo, así como la autoproducción y el ahorro) enfatizando la cuestión material: que los inversores, los financieros, las eléctricas y los promotores sean un poco menos egoístas. Este es el núcleo de una proposición envuelta en fantasías que parecen sacadas de los estudios de impacto ambiental de los conmilitones del Ministerio (la «aportación medioambiental de los proyectos» y los beneficios industriales entre las más floridas).
Sin duda alguna, el mínimo exigible en instalaciones de este tipo es una compensación justa por el daño causado, equidad que resulta inimaginable en España. En cualquier caso, lo que uno esperaría de una ministra socialista es una política que no matara a los pequeños ayuntamientos por inanición, iniciativas que aseguraran una financiación digna de ese nombre permitiéndoles sobrevivir sin tener que recurrir a inversiones que se plantean como un chantaje: toma este dinero para pagarte servicios o perecerás. Los servicios esenciales, los que atienden a la consecución de los Derechos Humanos, no son una opción que dependa de aceptar una inversión, sino una obligación de los poderes públicos.
Sin embargo, desde un punto de vista medioambiental, esa no es la cuestión, y menos en un Ministerio que debe velar por la protección del patrimonio natural y de la biodiversidad. Es decir, María Teresa Ribera tiene el mandato de proteger unos bienes cuyos servicios ecosistémicos (generación de agua, formación de suelo, regulación del clima, polinización, etc.) son imprescindibles en la lucha contra el calentamiento global e indisociables de las políticas de descarbonización. Así las cosas, ¿en qué benefician a las especies en peligro de extinción, a los acuíferos, al suelo fértil, el paisaje, etc., que un inversor prometa un polígono industrial o pague algo más a un ayuntamiento sometido a una asfixia financiera en absoluto inocente? En nada.
En definitiva, deben deslindarse dos problemas y no utilizar la promesa de mejorar uno de ellos como excusa para ignorar el otro. El dinero no va a salvar al medioambiente. Es inmoral usar los recursos materiales como un instrumento de chantaje institucional. No ser consecuente con estas ideas es cualquier cosa menos progresista. Obrar contra ellas, en definitiva, lo que pretende hacer María Teresa Ribera, es poco menos que una tarde de compras en los territorios de sacrificio (los que custodian nuestro patrimonio natural) para que los pueblos dejen de quejarse. La ministra de «transición ecológica», más que nadie, debería ser consciente de que sacrificando los bienes naturales nos sacrifica a todos.
Ivo Inigo
Colectivo Sollavientos / Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel
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