Almacenando sin permisos ni licencias.
Cuando se pensaba que estaba todo visto sobre el almacenamiento de materiales para las centrales eólicas del Clúster del Maestrazgo en el aeropuerto de Teruel, y se daba por asumido el incumplimiento continuado por parte del Ayuntamiento y el Consorcio aeroportuario de las normas urbanísticas y los trámites administrativos, sale a la luz en el Boletín Oficial de la Provincia un segundo anuncio con la solicitud de la Licencia ambiental para poder llevar a cabo el acopio. Ironía de los tiempos verbales puesto que este ya se llevó a cabo hace muchos meses.
Durante ocho meses se han ido acumulando materiales que nada tienen que ver con la actividad de un aeropuerto.
Las obras de acondicionamiento de las campas se empezaron en mayo y en junio se recibieron los primeros componentes. Un mes más tarde los servicios técnicos municipales calificaron como desfavorable la primera declaración responsable, lo que inhabilitaba los trabajos del promotor. Mientras, durante ocho meses se han ido acumulando materiales que nada tienen que ver con la actividad de un aeropuerto.
En algunos medios de comunicación y en el pleno municipal el concejal de urbanismo, el señor Cruzado, manifestaba que el promotor no tenía licencias porque no las necesitaba, pero la lectura del expediente refleja que se han pedido y tramitado hasta cuatro. La de obras fue concedida por el Ayuntamiento a mitad de diciembre, una vez que habían saltado a la opinión publica los incumplimientos y la denuncia de los hechos por parte de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel.
Si las campas están incluidas en el PIGA, éste dice claramente que el destino de los terrenos es exclusivamente aeroportuario.
El argumento del señor concejal se basaba en que esos terrenos están considerados Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), que se concede para facilitar la expropiación y dar celeridad a los procedimientos administrativos de concesión de licencias. Pero si las campas están incluidas en el PIGA, éste dice claramente que el destino de los terrenos es exclusivamente aeroportuario y, hasta el día de hoy, almacenar piezas de aerogeneradores no tiene nada que ver con esa actividad. Así lo han considerado hasta tres veces los informes municipales.
Se recurrió al subterfugio de los plazos que marcaba el PIGA para poder llevar a cabo las obras previstas y así decir que, como todavía no se había llevado a cabo la obra y estaría prevista para dentro de dos o tres años, se podía considerar que el PIGA no le afectaba. Si eso fuera así, el señor concejal tendría que reconocer que sí eran necesarias las licencias de obras y ambientales. Todos estos argumentos fueron presentados por el arquitecto municipal para justificar un informe favorable, y de hecho las licencias se han solicitado y tramitado, pero resulta que el concejal desmiente a sus funcionarios.
La genialidad argumental del señor Cruzado ha llegado al punto de defender en el pleno municipal que las actuaciones no necesitaban las licencias ambientales reguladas por la Ley 11/2014. En cambio, las dos que han salido a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia lo han hecho «en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.3 de la Ley 11/2014». Uno no sabe si el señor concejal es más suicida o inconsciente.
Todos los trámites y solicitudes de licencias se estaban haciendo mientras los materiales llegaban a la explanada del aeropuerto con el regocijo de la empresa y el anuncio a bombo y platillo de los medios de comunicación, que con toda certeza no eran conscientes de la ilegalidad.
El Ayuntamiento ha ocultado la información y ha incumplido la Ley durante cuatro meses.
Ahora sale a información pública la solicitud de una tercera licencia ambiental que el promotor presentó en septiembre. La Ley 11/2014 establece que este trámite debe hacerse paralelamente a la solicitud, es decir, el Ayuntamiento ha ocultado la información y ha incumplido la Ley durante cuatro meses. Además, la publica sin informe de los técnicos y con los plazos vencidos. ¿Qué nombre recibe el incumplimiento de la legislación?
Han pasado ocho meses y lo que sería procedente es restaurar la legalidad retirando todos los materiales de los aerogeneradores de la explanada del aeropuerto, tramitando debidamente las licencias, como exigía el convenio firmado entre el promotor y el Consorcio y, si se concede, cosa algo improbable con la legislación en la mano, volver a almacenarlos o llevarlos a una ubicación autorizada.
Si se tratara de un particular es posible que las Administraciones le aplicaran las correspondientes sanciones, pero al tratarse del Ayuntamiento de Teruel y del Consorcio, formado por el propio consistorio y el Gobierno de Aragón, es posible que se deje pasar el tiempo para que quede en una anécdota que se olvidará con el paso del tiempo. Una vez más, ¿Dónde está el Estado de derecho, dónde se mete la Justicia, en ocasiones tan atenta a la prensa?
Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel
Contacto : 608169112
