CIP, UNA REACCIÓN SIGNIFICATIVA.
“CIP quiere confundir a la opinión pública” con su respuesta a la paralización de las expropiaciones para el Clúster Maestrazgo.
El pasado 9 de septiembre saltaba a la prensa la suspensión del trámite de expropiación de terrenos vinculados al proyecto del Clúster del Maestrazgo en la provincia de Castellón. Es una decisión que ha adoptado la Subdelegación de Gobierno de la provincia castellonense en estricta observancia de la legalidad.
Es la primera vez, en toda la tramitación de este proyecto que la Administración General del Estado cumple con la ley.
Para nosotros esta podría ser la verdadera noticia: es de las pocas veces, acaso la primera, en toda la tramitación de este proyecto que la Administración General del Estado cumple con la ley. El actual propietario del clúster, el fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), ha reaccionado a esta noticia con evidente enojo. Atribuyendo la decisión a «una avalancha de recursos administrativos interpuestos por agrupaciones contrarias al proyecto, carentes de base jurídica y rigor técnico».
Según el fondo danés, esta estrategia tiene como único objetivo bloquear al ministerio competente, y habría conseguido su misión impidiendo que la administración resolviera a tiempo. No obstante, se afirma desde CIP, que esto no significa que el proyecto esté judicializado y que siguen adelante con él (Diario de Teruel y El Periódico de la energía).
Paisaje de Mosqueruela. Autor Joaquín Gargallo.
CIP se confunde o quiere confundir a la opinión pública.
De todo lo que CIP transmitió a la prensa lo único cierto es su empeño en continuar con el proyecto (aunque, en el futuro, a lo mejor ni eso). Lo demás, son mentiras. Otras más que sumar a un largo historial: el proyecto no afecta a la Red Natura 2000, el total de la superficie arbolada a deforestar, la electricidad gratuita para los vecinos, la nula afección paisajística, etcétera, etcétera, etcétera.
CIP se confunde o quiere confundir a la opinión pública. En un recurso de alzada el recurrente puede solicitar una suspensión ejecutiva como medida cautelar. Si la administración competente (en este caso el MITERD) no la contesta, como fue el caso, significa que no se pueden ejecutar obras asociadas al acto recurrido (ni tramitar licencias municipales o concesiones sobre montes públicos o vías pecuarias) hasta que la administración resuelva, o, si es un proceso judicializado como el del Clúster del Maestrazgo, lo haga el juez.
Fueran uno o treinta mil los recursos de alzada y las suspensiones ejecutivas que se presentaron, en nuestra experiencia el MITERD nunca contesta a los recursos de alzada y menos a las suspensiones ejecutivas. Con su pan se lo coman. Así que, señores de CIP, pídanles cuentas a sus panas del MITERD.
En fin, señores de CIP, no son añagazas, es la legalidad.
CIP pretende establecer la idea de que los recursos de alzada son una artimaña de malvados estrategas para perjudicar a los sufridos promotores. El subtexto de esa pretensión es conocido: comeflores contra el progreso y toda esa demagogia populista. Sin embargo, los recursos de alzada son uno de los pasos que, en España, el Estado de Derecho establece para que la ciudadanía perjudicada por un proyecto pueda oponerse a él mediante cauces legales.
En fin, señores de CIP, no son añagazas, es la legalidad; ya vamos viendo que les da bastante alergia. Se da la circunstancia de que, en la práctica, los recursos de alzada son un mero trámite. Como decimos, jamás se estiman ni se contestan, son un preámbulo para que la parte recurrente interponga un pleito contencioso-administrativo. Esta práctica sistemática de las administraciones, en nuestra opinión, obedece a un cálculo: dado lo costoso de los procedimientos y que no todo el mundo tiene recursos, conocimiento y tiempo, solo una fracción ínfima de las alzadas se acaban judicializando. Después, la escasez de medidas cautelares en una justicia sin excesiva sensibilidad ambiental (por lo general), hace lo demás.
Mientras exista una posibilidad, no pensamos renunciar.
Entonces, ¿por qué recurrimos a los juzgados? Porque mientras exista una posibilidad, no pensamos renunciar. Nosotros, ni por lo visto, mucha gente, tal y como en un acto fallido reconoció CIP al hablar de la «avalancha» de recursos que se han planteado. Su proyecto cuenta con una amplia, representativa y robusta oposición social. Una cosa es tener de tu lado a los alcaldes y otra no tener contestación.
Lo anterior nos lleva a la siguiente cuestión. CIP afirma que el Clúster del Maestrazgo no está judicializado. Pongan todas las admiraciones e interrogantes que quieran: vaya si lo está, por lo contencioso administrativo con la demanda interpuesta por Paisajes de Teruel (en colaboración con el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, la Fundación Quebrantahuesos y la Plataforma No a la MAT) y por lo penal con la denuncia que presentó ante la fiscalía el Movimiento Ciudadano Teruel Existe. Y parece que ambas van «palante».
Para no tener «base jurídica y rigor técnico», como afirma CIP, hay que imaginar qué sería si los tuvieran. Por lo pronto, se ha suspendido el trámite de expropiación en la provincia de Castellón y la Guardia Civil estuvo visitando los ayuntamientos del Maestrazgo este verano. Se empiezan a entender los nervios y la respuesta entre lunática y airada de CIP.
¿Qué pretenden conseguir con una falsedad tan grosera, o es que a estas alturas no hay nadie al volante?
Volviendo al asunto de la judicialización del Clúster del Maestrazgo, CIP sabe perfectamente que lo está puesto que, como parte de la demanda contenciosa, ha respondido a los requerimientos del Tribunal Supremo y la ha recibido materialmente.
¿Qué pretenden conseguir con una falsedad tan grosera, o es que a estas alturas no hay nadie al volante?
Las manifestaciones de CIP son tan significativas que no podemos sino preguntarnos qué hay detrás de la que, para nosotros, es la verdadera noticia: que por fin la Administración General del Estado cumple con la ley en algo relativo al Clúster del Maestrazgo.
¿Alguien se está tentando las ropas por las visitas de la Guardia Civil a los ayuntamientos, por las evidencias que estamos reuniendo en Paisajes de Teruel de que las evaluaciones de impacto ambiental no fueron realizadas por funcionarios, por las mentiras del MITERD en las contestaciones que hemos recibido sobre este asunto, o por la diferencia de criterio del MITERD al evaluar el Clúster del Matarranya de Forestalia y el de Green Capital?
Algo a podrido lleva oliendo desde hace años en Dinamarca, en el Pignatelli y en el MITERD, y la omertà del tinglado público privado ya no alcanza a disimularlo.
Plataforma a favor de los paisajes de Teruel
