El pasado viernes finalizaron las comparecencias de la Comisión sobre la implantación de renovables en Aragón. No obstante, su objetivo se ha diluido con propósitos como “reflexión”, “recogida de ideas” y otras inconcreciones. A ello se deben sumar las trabas que se han puesto a su transparencia. Tras una primera sesión digna de la Asamblea Suprema del Pueblo de Pionyang, se permitió su retransmisión en streaming, si bien el formato de las exposiciones ha favorecido a aquellos que más tienen que ocultar. Por este motivo, pueden clasificarse los ponentes en tres perfiles. Los que asistieron con ánimo de exponer los errores y vulneraciones, los que han ido a decir que todo se ha hecho bien y conforme a la ley, y aquellos cuyas declaraciones nada podían aportar al respecto. Mención especial merece la ministra Ribera y los cargos de la Administración General del Estado, que rechazaron personarse. Vivo retrato de su compromiso y del respeto del Gobierno central por Aragón.
A pesar de las dificultades, pueden extraerse conclusiones valiosas. La primera es que las evidencias sobre defectos e irregularidades fueron avaladas por aportes documentales. Asimismo, de las presentaciones de funcionarios y responsables políticos de la administración autonómica se deducen algunas falsedades, se constatan testimonios contradictorios entre sí y se aprecia una gestión elusiva y acaso encubridora que ha facilitado la labor de los promotores de renovables.
Un ejemplo significativo fue el de un responsable de industria, quien reconoció que no se inadmitían proyectos por carencias en la documentación, permitiendo su posterior subsanación. Convencido, se preguntaba por qué iba a hacer lo contrario. Para quien conozca la legislación de evaluación ambiental la repuesta es evidente: porque toda esa documentación, nunca banal, se escamotea al escrutinio de la información pública, con lo cual se imposibilita uno de los fundamentos de la ley. Cualquiera podría preguntarse el motivo por el cual el Inaga, pongamos por caso, no reclamaba esos informes para dar cumplimiento a la legislación. Ante disyuntivas de este tipo aparecían vacíos, elipsis, excusas… Ahora multiplíquenlo por la cantidad de organismos concernidos: urbanismo, confederaciones hidrográficas, patrimonio, etc. Una maraña en la que nadie parece equivocarse ni ser culpable, pero en la que, si no eres el promotor, sales perdiendo.
Por otra parte, la Comisión sirvió de vitrina para la tesis defendida por los partidos interesados en desviarla de su propósito inicial. Para ello convocaron a lobistas y profesionales que, si bien no podían decir nada sobre irregularidades y problemas, cumplieron con la misión de exponer el Zeitgeist en el despliegue de renovables: incentivar el crecimiento del PIB de Aragón. A modo de Excusatio non petita, accusatio manifesta, este valor supremo vendría a justificar los fallos cometidos y la falta de planificación habida. El razonamiento consiste en que el divino PIB fomentará el desarrollo industrial de Aragón. Es el cuento que ya vivimos con los pantanos. En los Pirineos aún están esperando, porque la electricidad se fue bien lejos. En este caso es asombroso que se sostenga, porque el despliegue de macrocentrales viene asociado a líneas de evacuación privada que van a Euskadi y Cataluña. Red Eléctrica de España contribuye con líneas como la Mezquita-Platea, que se prolonga hasta la Comunidad Valenciana y tiene entre sus fines la evacuación de generación renovable de Aragón.
Tomemos perspectiva. Lo que nos pasa está sucediendo en el resto de la España Vaciada: un inmisericorde tsunami de macroproyectos de renovables. En todos estos lugares la monserga es idéntica: tener tanta electricidad nos hace atractivos para las inversiones industriales. Según este relato, Aragón, las dos Castillas, Extremadura, el interior de Andalucía y Galicia deberían convertirse en un inmenso Silicon Valley, en receptoras de industrias que huyen de Madrid, Euskadi, Cataluña y Valencia por no tener centrales de aerogeneradores y placas fotovoltaicas. ¿Acabará siendo cierto en el futuro? Por el momento, las líneas eléctricas de evacuación lo desmienten, así que es más realista pensar que se trata de lo que parece: la perpetuación de un modelo de negocio oligopólico estrechamente conectado con el poder político y basado en grandes centrales situadas en el medio rural al servicio de las zonas urbanas industrializadas.
En definitiva, no es solidaridad interterritorial ni una inocente exportación de un bien. Es dependencia económica de los territorios de sacrificio a mayor gloria de los de siempre, y es un beneficio económico que no capitaliza el Estado, sino empresas privadas. A este respecto, resultaron sintomáticas las palabras de los alcaldes afectados por proyectos, unos a favor y otros en contra, que comparecieron. Paliar la penuria de las arcas municipales era el único atractivo que podían ofertarles los promotores. De hecho, un edil favorable a la instalación de centrales llegó a afirmar que de tener una financiación decente no desearía tenerlas en su pueblo. Así que, la última conclusión de esta Comisión es constatar que, cuarenta y tantos años después, se mantiene vigente un modelo desarrollista que necesita tener en la indigencia a quien desea expoliar.
Ivo Inigo. Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel