Copenhagen Infrastructure Partners
CIP (Copenhagen Infrastructure Partners), actual propietaria del Clúster del Maestrazgo, así como de otros proyectos de energías renovables promovidos anteriormente por Forestalia, se ha manifestado después de dos semanas en relación con la presunta corrupción en la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental de dichos proyectos. CIP ha decidió expresarse a fecha del corriente solo en medios especializados.
El fondo de inversión danés ha afirmado que las compras se realizaron tras una auditoría externa que certificó que el proyecto contaba con el aval de la autorización ambiental, la DIA (del año 2022), que no ha participado en la tramitación administrativa antes de su compra y que CIP sigue los más altos «estándares éticos». Asimismo, concluye en que si se demostrara alguna irregularidad se consideraría parte perjudicada y muestra su confianza en la seguridad jurídica de España.
Respecto a sus palabras, y en aras de verificar su sinceridad, rogamos que desde CIP tengan a bien responder a las siguientes cuestiones:
1. En 2020 signaron dos acuerdos con Forestalia a propósito del Clúster del Maestrazgo (por tanto, dos años antes de la DIA bajo sospecha) entre los cuáles incluían el acuerdo de venta y el de entrada de CIP en el proyecto. ¿Qué significado, garantías y cláusulas concretas tuvieron esos acuerdos? ¿En qué notaría se realizaron?
2. ¿La auditoría externa en qué fecha se efectuó? ¿Se valoraron en la misma las alegaciones presentadas en el trámite de evaluación ambiental, que incluían informes elaborados por colegios profesionales, así como por acreditados científicos y técnicos? En caso afirmativo, ¿cuál era la ponderación de la auditoría? ¿La auditoría expuso la coincidencia de datos de la DIA extraídos de los estudios de impacto ambiental de Forestalia?
3. Como les estamos exponiendo, en el trámite de información pública se presentaron alegaciones de un extraordinario nivel técnico. Igualmente, a propósito de la demanda contenciosa que se ha presentado a la autorización del Clúster del Maestrazgo, se han aportado periciales profesionales de una pulcritud científica y técnica fuera de cualquier duda razonable. ¿Consideran parte sus más altos «estándares éticos» las descalificaciones de su director general en España, don Javier Prados, refiriéndose a toda oposición al proyecto como «anticientífica» o «carente de base jurídica y rigor técnico»?
4. ¿Pueden asegurar que sus palabras no obedecen únicamente a una estrategia para conseguir una millonaria compensación económica en el futuro que correría a cargo de la ciudadanía española, a pesar de que su relación con Forestalia, en realidad, comenzó como mínimo en 2019 con la adquisición de parques eólicos en la provincia de Zaragoza sobre los que ya existía rechazo por su evidente fragmentación administrativa?
Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel. Nota de prensa.
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