Es práctica habitual que dos personas o entidades cuando quieren intercambiar un bien o prestarlo para su uso, lo que llamamos alquiler,  se sienten y se pongan de acuerdo en las condiciones, llegando a un consenso o pactando unas condiciones mínimas. También es habitual que las condiciones las ponga el propietario, que para eso lo es,  y hace ofrecimiento por una cantidad o contraprestación que le resulta conveniente.

Esto es así en casi todos los sectores, menos en el de las energías renovables y sus macrocentrales, sector en el que las condiciones las pone la empresa contratante, sin tener aprobado su proyecto y a expensas de lo que pueda suceder;  y, por si fuera poco, amenaza al propietario con llevarlo a la expropiación,  ya que considera que su bien es de interés general, cuando resulta que para los vecinos del municipio no es necesario, ni lo van a usar y el bien es ya tan numeroso y con tantos proyectos por encima de las necesidades reales, que puede llegar un momento en que no sea necesario para otros lugares y , por tanto, su utilidad quedará en cuestión.

No contentos con esto, presentan un contrato cerrado, con todos los aspectos pactados y “o lo firmas o te expropio, así que elije lo que quieras”; y si además no tienes muchos conocimientos jurídicos (cosa habitual en la mayoría de las personas),  te coacciono con argumentos de dudosa certeza.

Si alguien sugiere algunas contrapartidas o unas ofertas diferentes, se levantan de la mesa, abandonan la negociación, si se le puede llamar así, y dejan a la persona con la incertidumbre de si se lo quitarán y le darán menos de lo ofrecido en un primer momento.

Si lo relatado ocurriera con juristas y economistas (cosa que muy probablemente no se produzca), podría llegar a ser admisible, pues se presupone igualdad de conocimientos y datos para llegar a acuerdos o desacuerdos;  pero si se hace con personas mayores, con pocos recursos jurídicos y contables, y con mucho miedo a que le quiten lo suyo y lo de sus hijos, no se entiende como las administraciones no están mediando y poniendo las cosas en su sitio. Incluso se dan algunos casos en que ayuntamientos y administraciones locales han puesto a disposición de los afectados asesorías o servicios jurídicos que, sospechosamente,  cobran si los proyectos eólicos o fotovoltaicos salen adelante; ¿les suena lo de la “zorra en el gallinero”?

Esto que aquí  se cuenta no es un caso aislado, ni algo puntual, sino la forma habitual de trabajo de las empresas del sector eólico y fotovoltaico que están desarrollando proyectos en la provincia.

Ofrecen precios que difieren sustancialmente con lo anunciado, pues de los 25.000 € por molino se ha pasado a 8.500€, incluidas  el resto de afecciones que tenga la finca. De los contratos que “salvarían al territorio” se ha pasado a ofrecer 250 € en un solo pago por usar una finca durante 75 años. Y así se podrían relatar todos los pormenores de lo que se ofrece, pero no es la cantidad lo que llama la atención, sino la incapacidad de negociar, pues el contrato es para 25 años, pero si la empresa lo desea podrá prorrogarlo hasta 75, sin pedir permiso ni negociarlo con el propietario, cosa nunca vista a la hora de firmar contratos.

Si esto no nos parece suficientemente llamativo, se puede añadir que muchos de los propietarios tienen sus tierras arrendadas por lo que se debería informar al arrendatario de las mismas, pues tiene derechos adquiridos y según qué acciones vaya a llevar a cabo la empresa energética, se va a ver afectada la superficie de trabajo, por lo que no se podría realquilar o se deberán costes de indemnización por parte del propietario, que en algunos casos podrían superar a los del alquiler.

La fiebre del oro ha llegado a la provincia de Teruel para salvar sus poblaciones y llenarla de habitantes y nuevos pobladores… pero lo que está ofreciendo realmente son innumerables dolores de cabeza y preocupaciones a quienes tienen o trabajan terrenos, la gente de los pueblos;  además de estar amedrentando a las personas mayores que merecen todo el respeto de sus descendientes, sus administraciones y los inversores.

Tras el destrozo del paisaje, viene el del paisanaje.

La comunicación en los medios:

https://www.elperiodicodearagon.com/opinion/2022/10/20/firmar-blanco-77449682.html

https://arainfo.org/renovables-asi-firman-los-contratos-propietarios-y-empresas-de-energia/

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