¿Es Hora de las primeras responsabilidades políticas en el Clúster del Maestrazgo?
El 13 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel la solicitud de Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas para el almacenamiento de componentes de aerogeneradores del Clúster del Maestrazgo en el aeropuerto de Teruel. El peticionario era Copenhagen Infrastructure Partners a través de la sociedad CI IV TERUEL HOLDCO S.L.U.
El Ayuntamiento de Teruel, presuntamente, estaría dispensando un trato de favor al fondo de inversión danés por permitirle actuar sin permisos.
En Paisajes de Teruel, después de acceder al expediente administrativo de la tramitación, alertamos a través de una nota de prensa (19 de diciembre de 2024) de que el promotor no contaba con las licencias obligadas por la legislación (de Obras y de Actividad) para llevar a cabo el acopio de materiales en la instalación aeroportuaria, ni las labores de acondicionamiento previas. Igualmente, apuntamos a la responsabilidad del Ayuntamiento de Teruel, que, presuntamente, estaría dispensando un trato de favor al fondo de inversión danés por permitirle actuar sin permisos.
La alcaldesa, la señora Emma Buj, a preguntas del grupo municipal de Teruel Existe, dio la callada por respuesta postergando cualquier explicación a una «futura Comisión Informativa».
Requerido por esta cuestión el 20 de diciembre en una entrevista en Onda Cero, el concejal de urbanismo, el señor Cruzado, afirmó que la Licencia de Actividad había sido presentada la semana anterior y que los técnicos «concederán la licencia correspondiente si cumplen todo». Era un reconocimiento palmario de lo denunciado por Paisajes de Teruel. Semanas después, la alcaldesa, la señora Emma Buj, a preguntas del grupo municipal de Teruel Existe, dio la callada por respuesta postergando cualquier explicación a una «futura Comisión Informativa».
En fechas recientes, Paisajes de Teruel ha denunciado ante diferentes instancias estos hechos, acreditando documentalmente que las obras y acopio de materiales comenzaron en el mes de mayo. Las actividades podían empezar a desarrollarse presentando una Declaración responsable, cosa que el promotor hizo en junio y julio. Sin embargo, fueron informadas desfavorablemente por los servicios técnicos del Ayuntamiento, por lo que las Declaraciones serían ineficaces y los trabajos realizados carecerían de cobertura legal. Qué decir de los llevados a cabo antes de presentar la primera Declaración responsable.
El anuncio publicado en el Boletín Oficial de la provincia escala la gravedad del asunto al del escándalo. El 18 de septiembre el promotor procedió con una nueva Declaración responsable, una solicitud que debió ser inadmitida por el Ayuntamiento, porque a esas alturas, tras dos denegaciones y modificaciones sustanciales en el proyecto, solo era admisible pedir la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas. El promotor la pidió el 27 de septiembre, ahora bien, según establece el artículo 77 de la Ley 11/2014 (que fija el marco legal de esta actuación), el Ayuntamiento tendría que haber sometido el expediente a información pública «simultáneamente».
El trámite que se ha abierto el 13 de enero de 2025 tendría que haberse iniciado a finales de septiembre de 2024.
Es decir, el trámite que se ha abierto el 13 de enero de 2025 tendría que haberse iniciado a finales de septiembre de 2024. En definitiva, el Ayuntamiento de Teruel se ha tomado tres meses y medio para cumplir este precepto, un tiempo durante el cual el promotor no ha dejado de obrar y almacenar de forma ilegal porque, en estos momentos, las labores en el aeropuerto no pueden ejercerse en tanto no se obtenga la Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas. La acumulación de hechos descrita, ninguno dentro de la legalidad, debería ser motivo para que la fiscalía intervenga de oficio.
Hace dos días la regidora turolense certificó la incompetencia o la presunta connivencia del equipo de gobierno. Según cita Diario de Teruel, la señora Emma Buj afirmó que hasta donde ella conoce «en estos momentos ese almacenamiento tiene licencia municipal. Se hace un acto comunicado, que es similar a una licencia, y entonces se tienen tres meses para presentar la documentación que sí han presentado». La cuestión, como acabamos de decir, es que ni las Declaraciones responsables tienen validez, ni el promotor cuenta con licencias municipales ni con Licencia Ambiental de Actividades Clasificadas, un trámite que conlleva una información pública que, curiosamente (¿curiosamente?), se ha retrasado por más de un trimestre y, que, en cualquier caso, no ha terminado.
Frente a la inexistencia de los permisos exigidos por la legislación, nos encontramos con que se están realizando obras en el aeropuerto y acopiando componentes del Clúster del Maestrazgo abiertamente y con publicidad desde el mes de mayo
Frente a la inexistencia de los permisos exigidos por la legislación, nos encontramos con que se están realizando obras en el aeropuerto y acopiando componentes del Clúster del Maestrazgo abiertamente y con publicidad desde el mes de mayo. Los hechos hablan por sí solos. Pocas veces en la historia política de este país una empresa privada y una administración pública habrán operado con semejante desvergüenza y reconocimiento de sus faltas. No se puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de las leyes si las propias administraciones no las cumplen.
Tal vez las primeras responsabilidades políticas deban cobrarse en el Ayuntamiento de Teruel antes de que alcancen al ámbito autonómico y estatal.
El Clúster del Maestrazgo nació envuelto en escándalos y ha tenido una tramitación que se encuentra judicializada. Ahora vemos que un hecho menor, el almacenamiento de materiales, puede estar anticipando lo que queda por venir. Tal vez las primeras responsabilidades políticas deban cobrarse en el Ayuntamiento de Teruel antes de que alcancen al ámbito autonómico y estatal.
Contacto: 608169112
Plataforma a favor de los paisajes de Teruel
LA NOTICIA EN LOS MEDIOS
15/01/2025 ARAINFO ¿Es ya la hora de exigir las primeras responsabilidades políticas por las “irregularidades” del judicializado Clúster del Maestrazgo?