Loma de la Solana es el nombre asignado a un proyecto de central eólica que afecta a varios municipios de la provincia de Teruel.
Su promotor es una empresa de nombre amable que camufla el ordeno y mando de Acciona, una de las compañías del IBEX-35.
Actualmente la central se encuentra en el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental a cargo del INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental). Un proceso que, en realidad, debería haber acabado hace años.
«El proyecto del parque eólico ha tenido en cuenta las diferentes comunicaciones y consignas que el INAGA ha ido transmitiendo a esta Sociedad, tanto de forma verbal como escrita para su diseño definitivo«. Esta cita podemos leerla en el proyecto de la central eólica Loma de Solana. En principio, aunque sospechosa, no implica necesariamente nada reprobable. Sin embargo, basta con escarbar en el conjunto documental disponible de la Evaluación de Impacto Ambiental para, como mínimo, ponerse en alerta.
De esta manera, según el promotor, tanto el número de aerogeneradores, la traza de la línea de evacuación y su localización para no afectar a zonas críticas para la conservación del rocín (aspecto que, en todo caso, no se ha resuelto de forma satisfactoria a pesar de los cambios) se habrían ajustado a esta labor de ‘asesoría’ del Inaga.
¿Por qué este hecho, de ser cierto, podría ser muy grave?
El Inaga es el organismo de la administración aragonesa encargado de tramitar y resolver procedimientos administrativos en materia de medio ambiente. Es decir, el Inaga gestiona la Evaluación de Impacto Ambiental de la central eólica Loma de la Solana y tiene que formular una autorización ambiental positiva, sin la cual, no puede ejecutarse.
Entre las funciones del Inaga no figura la labor de asesoría para promotores de proyectos sujetos a una tramitación y resolución que debe dictaminar el propio organismo ambiental.
En esencia, sería inmoral e ilegítimo que el Inaga hubiera hecho indicaciones de cómo debe ser un proyecto que debe juzgar. El Inaga habría sobrepasado, presuntamente, sus funciones y no habría actuado bajo los criterios de objetividad e imparcialidad que deben regir las actuaciones de las Administraciones Públicas en estos casos. De ser cierto, serían hechos muy graves con potenciales consecuencias aún más graves.
«el Inaga habría sobrepasado, presuntamente, sus funciones»
No queremos creer que haya sucedido, aunque no ayuden a diluir las sospechas los indicios que apuntan a más decisiones administrativas discutibles.
Sobresale la no remisión de documentación necesaria durante y después del trámite de información pública a los afectados por el proyecto Loma de la Solana. En este caso, debería añadirse a lo anterior una posible vulneración del derecho de la ciudadanía a la participación pública.
Más relevante todavía es que esta Evaluación de Impacto Ambiental no debería tener lugar. Loma de la Solana ya pasó por este trámite en 2015 y el proceso no contó con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental pasado el tiempo que prescribe la ley. Este motivo invalida la actual Evaluación.
Entre tanto, la ejecución de la central eólica supone una amenaza al patrimonio natural de Aragón. Es el caso de uno de los últimos santuarios que le quedan al rocín (alondra ricotí), ave esteparia en peligro de extinción, y, para más inri, en una zona catalogada por el gobierno autonómico como crítica para su supervivencia. También es el caso de rapaces y necrófagas con los más elevados niveles de protección que franquean cotidianamente la Loma de la Solana en sus vuelos de reproducción y alimentación.
Visto todo ello cabe preguntarse, ¿por qué estamos aquí?, ¿a quién sirve el Inaga?
Plataforma a favor de los paisajes de Teruel
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