Cada vez produce más sonrojo la manera de actuar del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y sus resoluciones, posiblemente son los últimos coletazos de una actuación que cuando menos ha generado dudas y en muchos de los casos se aprecia un trato de favor hacia las empresas y un manifiesto desprecio hacia los ciudadanos.
La última resolución que llama poderosamente la atención es la de la central eólica “Alpeñés”, que fue uno de los pocos proyectos que recibió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable por sus afecciones al medio ambiente. El INAGA procede al trámite de audiencia al promotor, lo que es muy legítimo, pero que también se debería haber ofrecido a los ciudadanos e instituciones que se oponen y lo fundamentan en alegaciones, y esto último no se ha hecho. Tras el trámite de audiencia y de forma meteórica, se aprueba y se da una declaración positiva, pero resulta que han sido trasladados todos los aerogeneradores y en distancias superiores a 5 Km, según dice la propia resolución. De tal manera que el parque afecta a municipios que no estaban en el proyecto inicial.
Los ciudadanos de esos municipios y los que habían presentado alegaciones se han visto privados del derecho a la participación ciudadana, pues se podría decir, sin cometer ningún exceso, que se trata de un nuevo proyecto, en el que lo único que se mantiene es la empresa promotora y debería comenzar de nuevo toda su tramitación.
Si esto fuera poco, la declaración negativa se basaba en la afecciones ambientales y en la nueva declaración favorable se reconoce la presencia de especies de aves, pero no se especifica su afección, ni la presencia de las mismas, se da una larga cambiada con la presencia de la Alondra Ricoti diciendo que es área de campeo, pero que no se ha visto. Se enumeran todas las aves presentes en el área de influencia de la proyectada Central eólica, pero no se sacan las debidas consecuencias.
Si creíamos que no había razones suficientes para rechazarlo, también la propia declaración reconoce que el parque va asociado a otros del mismo promotor y que se encuentran en las inmediaciones del mismo, por lo que se podría afirmar que hay una fragmentación del proyecto de forma deliberada, para que sea tramitada por el INAGA y no por el Ministerio de Transición.
Tampoco se sacan las debidas conclusiones del efecto acumulativo se este y otros parques cercanos, pues es un territorio que ya soporta varios de ellos y tiene proyectados más, con el consiguiente efecto acumulativo de impacto en el territorio, en el paisaje y en las actividades tradicionales.
Da toda la sensación que, ante el posible cambio de gobierno y de las personas responsables del INAGA, se quiera dejar todo tramitado y favorecer proyectos que deberían ser claramente rechazados o sacados de nuevo a información pública y no privar a la ciudadanía de su derecho a participar en las decisiones que afectan al medio ambiente como bien recoge el Convenio de Aarhus .
Ante este cúmulo de despropósitos y vulneraciones de la legalidad, la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha presentado presentará una denuncia ante la fiscalía de medio ambiente y ante el juzgado, pues es la única forma de defender el Estado de derecho y de poner coto a la permisividad de un INAGA que se muestra muy severo para acciones de ciudadanos que quieren ampliar sus actividades o hacer pequeñas reformas en sus negocios y muy tolerante e incluso favorecedor de grandes empresas energéticas y de especuladores.
Javier Oquendo, Portavoz de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel
LA NOTICIA EN LOS MEDIOS:
01/08/2023 ARAINFO Proyecto Alpeñés: de «desfavorable» a «favorable» y sin participación ciudadana