Hacia una cascada de revocaciones de proyectos renovables en Aragón.

¿Es legal la forma en la que se están tramitando los proyectos de energías renovables en Aragón?

Esta es una duda que nos acompaña desde hace tiempo en la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel.

La práctica habitual de la Dirección General de Industria y Minas del Gobierno de Aragón ha sido conceder conjuntamente la Autorización Administrativa Previa y la Autorización Administrativa de Construcción. En sí mismo es incomprensible atendiendo al nombre de la primera, que es anterior a la segunda. Sin embargo, hay que reconocer que la ley autonómica 2/2016 lo dice expresamente. Hasta aquí todo resultaría insólito, pero legal.

Si dos autorizaciones se tramitan y conceden de forma conjunta, sería mejor hablar de un único permiso.

Más allá de la lógica (si dos autorizaciones se tramitan y conceden de forma conjunta, sería mejor hablar de un único permiso). La sospecha sobre la legalidad de esta disposición se funda en su encaje con legislación estatal posterior. Así, el real decreto 8/2023 pauta una serie de hitos administrativos que deben cumplir los proyectos renovables. Se establecen 34 meses para obtener la Autorización Administrativa Previa y 49 para la de Construcción a partir de la consecución de la licencia de acceso y conexión a la red de transporte eléctrico.

En la Jornada sobre renovables organizada por el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y celebrada hace un año, se planteó por parte de esta Plataforma a Yolanda Vallés, la directora general de Industria y Minas, que la concesión conjunta de las dos autorizaciones en cuestión debería atenerse al primer plazo de 34 meses. Puesto que, el caso contrario (acogerse al de 49), significa adulterar la tramitación en beneficio de los proyectos desarrollados en Aragón respecto al resto del Estado, ya que disponen de un año y tres meses más para lograr la primera licencia.

En su respuesta, Yolanda Vallés aseveró sin ningún género de dudas que debe cumplirse la norma autonómica en lugar de la estatal. Esta decisión implica romper las garantías de unidad del mercado «nacional». Nótese la ironía del hecho .

La semana pasada el Consejo de Ministros acordó presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 5/2024 del gobierno de Aragón. Es conocida como «Ley de energía» o «Ley Lambán-Azcón». Entre otras cuestiones señalaba que resultaba «contrario a la normativa básica estatal la pretensión de alterar el sistema de hitos» contemplado en dicha norma, que recoge lo establecido en la ley autonómica 2/2016.

Además, el recurso corroboraba la opinión del Consejo de Estado: «la solicitud y tramitación simultanea de la Autorización Administrativa Previa y la Autorización Administrativa de Construcción, conforme a la normativa autonómica aragonesa, no puede suponer una exención de la obligación de acreditar la obtención de la Autorización Administrativa Previa en los plazos marcados por la legislación estatal básica». Vaya, más claro no se puede decir.

Paisajes de Teruel va a solicitar la nulidad y revocación de más de 14 proyectos

Por este motivo, Paisajes de Teruel va a solicitar la nulidad y revocación de más de 14 proyectos presentados en la provincia de Teruel y en los que ya se ha incumplido el hito de los 34 meses para obtener la Autorización Administrativa Previa. Estos proyectos son Bailador, Majalinos, Guadalopillo I y II, Tosquilla, Íberos, Hocino, Caballos I y II, Mínguez y Portalrubio, que tuvieron ese permiso a los 49 meses, y Hoyalta y Cabigordo, que no lo han obtenido en más de cuatro años.

Paisajes de Teruel espera que Red Eléctrica de España cumpla con las competencias que le asigna la legislación al respecto.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel espera que Red Eléctrica de España cumpla con las competencias que le asigna la legislación al respecto. Que comunique a los promotores la caducidad de los hitos relativos a los permisos de acceso y conexión. Y que el Gobierno de Aragón actúe en consecuencia. De no ser así, serán los tribunales los que decidan si un decreto autonómico puede suplantar o anular un decreto estatal.

Plataforma a favor de los Paisajess de Teruel

Rodeno. Albarracín. Foto de Uge Fuertes

Rodeno. Albarracín. Foto de Uge Fuertes.

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