Los efectos de Forestalia sacuden a Repsol

En plena vorágine de la ya de por sí compleja transición ecológica, ya tardaba en aparecer la tradición del chanchullo y la mordida, con la Operación Perserte y las detenciones de las cúpulas de Forestalia, del MITECO y de un notario, entre otros. Los cargos -prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal-, no solo dañan la reputación de esta transición, sino que ponen en jaque proyectos estratégicos en Aragón y en toda España.

Un centro de datos de dimensiones críticas en el Ebro

Para entender el alcance real de este terremoto, más allá del Clúster del Maestrazgo, hay que mirar hacia otro plan que está pasando casi desapercibido: la ambiciosa estrategia de Repsol en Escatrón (Zaragoza), donde pretenden levantar uno de los mayores centros de datos de Europa, con una inversión de 4.000 millones de euros y una demanda energética descomunal de 1.200 MW.

Para alimentar semejante monstruo, Repsol necesita de dos fuentes: 402 MW procederían del propio autoconsumo de renovables, y más de 800 MW adicionales llegarían de la central de ciclo combinado de Escatrón y de quince centrales eólicas promovidas en su día por… Forestalia: los polémicos clústeres Matarraña y Begues.

Y aquí es donde ese relato energético se cruza, de lleno, con la crónica judicial.

Proyectos caducados que vuelven a la vida

Esos proyectos eólicos del Matarraña se daban por finiquitados tras la caducidad de sus derechos de acceso a la red y el rechazo administrativo de la línea MAT Valmuel–Begues, que debía transportar la energía hacia Cataluña.

Por eso sorprendió que Repsol los adquiriera a Forestalia en octubre de 2025, a sabiendas ya de su caducidad. Pero la operación tenía un objetivo claro: hacerse con las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) que Forestalia había obtenido, con la intención de reconvertirlos en una fuente de autoconsumo para el centro de datos de Escatrón. Y para ello, la compañía se apoya en un marco legal que el Gobierno de Aragón ha facilitado con precisión casi quirúrgica: la Ley de Energía de Aragón de 2025 (actualmente bajo la lupa del Tribunal Constitucional).

El “rescate” mediante la Ley de Energía de Aragón: autoconsumo o fraude de ley

La maniobra es fácil de entender: se pretende que las centrales del Matarraña, que ya no pueden verter energía a la red, la envíen directamente al centro de datos de Escatrón mediante líneas privadas. Sin embargo, esos proyectos fueron autorizados para generar energía destinada a la red, no para abastecer de forma privada a un centro de datos.

Y en este aspecto, la Ley estatal de Evaluación Ambiental es inequívoca: cambiar ese destino supone una modificación sustancial, y una modificación sustancial exige una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). No hay más.

Pretender que la DIA original sirva para un uso completamente distinto es, en la práctica, un fraude de la ley. Más aún cuando esas autorizaciones podrían estar bajo la sospecha de haber sido obtenidas mediante sobornos, según la investigación de la Guardia Civil.

El espejo de la sospecha: Forestalia frente a Capital Energy

La sombra se alarga: anteriormente Capital Energy ya intentó desarrollar proyectos en los mismos emplazamientos del Matarraña, pero fueron desestimados por su impacto ambiental “inasumible”. En cambio, Forestalia obtuvo un visto bueno sorprendentemente rápido para proyectos prácticamente idénticos, y que había presentado más tarde.

¿Qué cambió para que lo que era inaceptable para unos, se volviera aceptable para otros? A la luz del sumario judicial, la respuesta se aleja de criterios técnicos: una presunta red de influencias y sobornos. Pasamos de lo desconcertante a lo inquietante.

Repsol ante el riesgo reputacional y jurídico

Ante este panorama, Repsol no puede permitirse levantar un proyecto de tal magnitud sobre licencias tan sospechosas. Por mucho que Forestalia haya actuado continuada y presuntamente al margen de la ley, el resto de actores debemos respetar el Estado de Derecho. Y dentro de él, la jerarquía normativa no es negociable.

La Ley de Energía de Aragón podrá agilizar trámites, pero no puede rebajar los estándares de protección de la Ley de Evaluación Ambiental. Ahora, el proyecto original cambiaría por completo: su evacuación, su modelo de negocio y su destino energético. Eso es una modificación sustancial en toda regla. Y según la legislación, esto anula las autorizaciones previas, lo que obligaría a iniciar un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. Pero además, esa misma norma dice que los proyectos sustancialmente análogos a otros previamente desestimados deben ser inadmitidos, para evitar que un mismo proyecto se intente reintroducir indefinidamente.

Así que intentar validar esos proyectos eólicos caducados mediante una simple “actualización”, sería una vulneración de la normativa estatal, un vicio de nulidad que se sumaría a una triste trayectoria marcada por la sospecha y las malas prácticas.

Sin olvidar lo esencial: si Forestalia obtuvo resoluciones favorables gracias a maniobras presuntamente delictivas, es posible que sus proyectos escondan afecciones ambientales graves, ignoradas por técnicos corruptos, pero que siguen ahí.

La sociedad civil marca una línea roja

Repsol tiene ante sí la oportunidad de demostrar que las cosas se pueden hacer bien. Y por eso, no deben permitir que el centro de datos proyectado en Escatrón se apoye en licencias bajo sospecha, ni en una normativa autonómica diseñada para salvar proyectos con DIAs nacidas bajo presunto cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y organización criminal. Ahora más que nunca, la transición energética necesita claridad, legalidad y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Artículo de opinión de Joan Josep Pérez Riba. Licenciado en Derecho.

Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel

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19/03/2026 ARAINFO Los efectos de Forestalia sacuden a Repsol