Todo contra la corrupción, pero con la corrupción

«En Repsol, la conducta ética es inseparable de la integridad y el buen criterio». Esta es la primera frase del primer punto del Código de Ética y Conducta de Repsol. Puede consultarse en Internet. Este manual de comportamiento tiene un epígrafe dedicado a la «lucha frente al soborno, la corrupción y el fraude en todas sus formas». La compañía prohíbe a cualquier persona o empresa que la represente «los sobornos y las comisiones ilegales». Josu Jon Imaz, el consejero delegado, escribe con toda solemnidad que antes de llevar a cabo un proyecto Repsol se plantea si es «éticamente respetuoso».

En cambio, el código de la multinacional no proscribe comprar y desarrollar proyectos fruto del soborno, las comisiones ilegales, la corrupción, el fraude y la ausencia de ética. Será por eso por lo que Repsol adquirió a Forestalia las centrales eólicas de Begues y Matarranya, y se propone ejecutarlas. Instalaciones cuyas declaraciones de impacto ambiental son objeto de investigación, como todas las de esa compañía, en el marco de la Operación Perserte por prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal (todo presunto).

Los clústeres eólicos de Begues y Matarranya habían sido archivados por la caducidad de los hitos de construcción.

Ahora Repsol, metiendo debajo de la alfombra su Código de Ética y Conducta, los intenta rescatar aprovechando las declaraciones favorables realizadas fraudulentamente por mano del Señor E (todo represunto). Casualidades de la vida: una de las últimas solicitudes del fiscal en la instrucción que investiga esta trama corrupta ha sido solicitar a la UCO un informe sobre el Clúster Begues. Igual debería ser una señal de alarma para la muy deontológica multinacional. No tenemos ninguna fe.

El objetivo de Repsol con estas macrocentrales renovables es hibridar sus 165 aerogeneradores, distribuidos en 21 municipios de Zaragoza y Teruel, con la central de ciclo combinado de Escatrón para alimentar un centro de datos. Con ello consigue aunar lo peor de los dos mundos, el de la economía del carbono y el de la descarbonizada de aquella manera: destruir biodiversidad y paisajes, deforestar, consumir gas natural, contribuir a la burbuja de los centros de datos y agotar los recursos energéticos e hídricos de las poblaciones locales.

Las consecuencias medioambientales del proyecto vuelven a chocar con el Código de Ética y Conducta de la sensibilísima multinacional: «todas las personas de Repsol deben actuar de manera que se priorice la protección del medioambiente y el uso sostenible de los recursos». Nunca imaginamos al consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, hombre de orden de un partido tan ordenado como el PNV, convertido al marxismo, si bien al de Groucho Marx por la frase que se le atribuye al cómico de «si no le gustan mis principios, aquí tengo otros».

Una última cita comprometedora. La empresa afirma que se esfuerza «por establecer relaciones sólidas y duraderas con las comunidades locales […] sobre la base del reconocimiento, la confianza, el respeto mutuo y el valor compartido». Probablemente en Repsol no hayan oído hablar de los referéndums que se realizaron en algunos pueblos del Matarranya y en los que los vecinos rechazaron esos proyectos eólicos. En cualquier caso, resulta intrigante saber qué tipo de confianza, respeto y responsabilidad puede haber en una relación que se funda en unos permisos, las declaraciones de impacto ambiental, fruto de la corrupción (todo ultrapresunto).

Debe decirse en descargo de Repsol que la responsabilidad de que puedan ejecutarse proyectos perjudiciales para el medioambiente originados en la corrupción no solo es de quien los quiere hacer, la empresa, sino también de quien deja hacer, en este caso, el Gobierno más ecologista de la historia y el Gobierno del Aragón imparable. Es obsceno que unas centrales objeto de sospechas de fraude, basadas en documentos y testimonios sólidos, no se paralicen cautelarmente como hemos reclamado las asociaciones de defensa del territorio y los partidos políticos que nos han dado su apoyo.

La Justicia no puede correr más debido a la escasez de recursos y a la obligación de dar todas las garantías en la instrucción judicial que está llevando a cabo. En este contexto, Repsol se aprovecha de la tolerancia de los gobiernos para intentar llevar a cabo una verdadera aberración, pero también lo hacen Bruc y Copenhagen Infrastructure Partners en otros proyectos comprados a Forestalia.

Todos visten el despojo de nuestra tierra y de sus recursos naturales con palabras hermosas: compromiso, transición ecológica, ética… Repsol hasta se ha gastado el dinero en redactar un código que proscribe las prácticas deshonestas, mientras que los gobiernos se lamentan mucho de las corruptelas. La belleza de las intenciones se acaba cuando hay que actuar para forrarse. Todos ellos condenan la corrupción, pero es retórica embustera e impostada, porque en los hechos conviven y se sirven de ella.

Ivo Inigo y Javier Oquendo. Artículo de opinión.