¿Transición Justa para Andorra y su entorno?

Cuando se escribe de algo lo primero que hay que aclarar es de qué asunto vamos a tratar, pues hay palabras que se manosean tanto que acaban perdiendo el significado y expresan poco o nada. Es lo que sucede con los conocidos como «proyectos de transición justa» en el municipio de Andorra y el Bajo Aragón histórico.

Se puede decir que algo es justo cuando es equitativo, razonable y sujeto a derecho. Por eso, una transición energética podría denominarse «justa» si sus efectos positivos y negativos se repartieran entre todos los implicados de forma equitativa. En Andorra existía una producción de electricidad basada en el carbón que generaba una actividad y unas afecciones en el territorio. Este modelo se abandonó para transitar hacia uno basado en energías renovables que siguiera garantizando ciertas condiciones. Sin embargo, en el caso de los proyectos que se están desarrollando en Andorra, se sigue produciendo para otros con contraprestaciones económicas, pero también con fuertes afecciones por la desmesurada cantidad de proyectos.

El término «razonable» es el más difícil de concretar, pues lo que para unos es muy lógico, para otros no tiene ningún sentido. Por ello es aconsejable evaluar a la luz de los hechos, y lo que los datos muestran es que para un territorio que podría abastecerse con unos 40 Mw, hablando de todo el Bajo Aragón histórico, se van a instalar más de 5.000 Mw con una ocupación de 4.000 ha de placas fotovoltaicas, más el impacto de unos 130 aerogeneradores, todo ello con sus correspondientes líneas de alta tensión. Tampoco es muy razonable producir hidrógeno mediante electrolisis, un proceso en el que se pierde hasta el 80% de la energía invertida y que requiere de grandes cantidades de agua que no hay y por la que previsiblemente va a competir con el regadío (podemos apostar, ¿quién va a influir más, los agricultores o las eléctricas?). Tampoco parece muy atinado generarlo en Andorra para transportarlo hasta Sagunto, cuando se trata de un gas muy volátil y corrosivo y, por tanto, sus infraestructuras de transporte tienen un elevado coste y riesgos de seguridad. ¿No sería más sencillo producirlo próximo al lugar de consumo?

Faltaría abordar el aspecto de «sujeto a derecho», lo que traducido quiere decir que sea legal. Seguramente la legalidad la cumplirán en cuanto a las declaraciones y resoluciones ambientales, pues normalmente se hacen a la medida de las empresas. También será legal masacrar todas las especies de aves que vuelan por el entorno, pues la suposición de la Administración es, como dijo un consejero, que «aprenderán a esquivar los molinos». También será legal de cara a los habitantes del territorio, que, a cambio de unas rentas, se verán rodeados por infraestructuras industriales en lo que eran paisajes cargados de valor medioambiental y cultural. Será legal porque las leyes del sector eléctrico son tantas y tan variadas que siempre hay donde escoger. En caso contrario, se modifica y todo arreglado.

Que la Ley y la legalidad no tienen por qué ser justas se demuestra en el caso que estamos exponiendo. Si será preocupante que, una de las resoluciones dictadas recientemente sobre una central en el entorno de Andorra, afirmaba que «debido a las crecientes solicitudes de implantación de parques fotovoltaicos en Aragón» y al impacto «permanente» que conllevaban, se debía «reflexionar sobre la creciente pérdida de recursos naturales (aguas, suelo, vegetación, fauna), naturalidad y del valor paisajístico del territorio». Por ello, «desde esta Dirección General» se deseaba «trasladar la preocupación sobre el futuro de estas comarcas y sobre cómo va a afectar el desarrollo de proyectos energéticos tanto en el ámbito socioeconómico como en el paisajístico de los municipios afectados».

A la luz de los hechos, los gestores públicos y los ciudadanos del entorno de Andorra deberían estar más que preocupados, pues de los 1.100 Mw que producía la central térmica, se va a pasar a más de 5.000 Mw, con lo que supone de infraestructuras industriales: placas, aerogeneradores, líneas de alta tensión y subestaciones. Son 11 centrales fotovoltaicas que suman 550 Mw, más el proyecto del Nudo Mudéjar, que comprende 7 centrales eólicas y 7 fotovoltaicas con una potencia de 1.800 Mw, junto con el proyecto Catalina (con otras siete centrales eólicas y 7 fotovoltaicas), y todo esto en Andorra y los pueblos de alrededor, que en algunos casos ya tienen otros proyectos aparte.

Se puede decir, cargados de razones, que esto no es una transición justa, sino una invasión y depredación del territorio amparándose en la necesidad de sustituir la central térmica, algo con lo que todo el mundo ha estado de acuerdo, pero no de esta forma y sin ninguna ordenación ni control.

Javier Oquendo

Portavoz Plataforma a favor de los paisajes de Teruel y miembro del Colectivo Sollavientos.