Denuncia ante la fiscalía contra las licencias fotovoltaicas de Andorra

Publicada 17 de abril de 2026 · Actualizado 19 de abril de 2026

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha denunciado en la fiscalía la concesión de licencias municipales a ocho centrales fotovoltaicas en Andorra promovidas por Forestalia y actualmente propiedad de BRUC: Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. La demanda documenta rigurosamente las presuntas prácticas fraudulentas.

Las licencias municipales de construcción se concedieron a finales de 2022 y las autorizaciones previas y de construcción, de competencia autonómica, fueron otorgadas por la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en diciembre de 2023. Estas autorizaciones son preceptivas, por lo que los permisos consistoriales no pueden resolverse de forma previa.

Varios proyectos fueron tramitados de forma indebida

Según declaraciones de los técnicos del INAGA ante la Guardia civil, varios de los proyectos objeto de la denuncia fueron tramitados de forma indebida en el contexto de la presunta trama corrupta de Forestalia. La evaluación ambiental de estos expedientes se retiró de forma arbitraria a los técnicos encargados de su evaluación y se externalizó de forma irregular a empresas que en algunos casos ya habían trabajado para la propia Forestalia.

La sospecha sobre las irregularidades en la tramitación ambiental debería haber llevado a la suspensión de las licencias municipales por el Ayuntamiento hasta que se aclare lo sucedido, tal y como solicitó esta Plataforma, lo que hace a la corporación inequívocamente conocedora de la presunta evaluación corrupta de los proyectos. Contrariamente a la necesidad de dilucidar lo que ocurrió en la evaluación ambiental de las centrales solares, BRUC ha acelerado su ejecución, posiblemente inquieta por esas sospechas. Esta actitud retrata la catadura moral de la corporación, e incluye acciones absolutamente deplorables como el amedrantamiento a propietarios de fincas afectadas y que se han negado a firmar los contratos de BRUC.

La licencia municipal debe incorporar la DIA

Para Paisajes de Teruel lo más grave, y causa suficiente de anulación de las licencias municipales, es que la tramitación de estas últimas fue incluso anterior a la publicación en el BOA de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de algunos de los proyectos, lo que es totalmente ilegal, pues así lo especifica el artículo 80.2 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón: “En el caso de actividades sometidas a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, la licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará el contenido de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, respectivamente”. Dicho de otro modo, la licencia municipal debe incorporar la DIA, lo que implica, lógica y necesariamente, que esa DIA debe ser previa a la licencia.

Son un caso de libro de fragmentación interesada

Paisajes de Teruel tiene muy claro que estos ocho proyectos, que tienen continuidad territorial, pertenecen a la misma empresa, fueron vendidos de forma conjunta y comparten subestación y línea de evacuación, son un caso de libro de fragmentación interesada para que fueran tramitados por el Gobierno de Aragón, con el que Forestalia mantenía vínculos muy estrechos, tal y como se relata en el informe policial sobre los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal que se están investigando.

La concesión de las licencias coincidió con una fuerte crisis institucional y financiera del ayuntamiento de Andorra, lo que puede explicar la premura y las presuntas irregularidades en la aprobación de las licencias. El objetivo sería sanear las cuentas municipales, ya que el propietario de las centrales abonó las tasas e impuestos locales a principios de 2023, dotando de solvencia y liquidez al ayuntamiento. Pero esta urgencia económica no puede justificar en ningún caso una práctica supuestamente ilegal.

Todos estos datos se han puesto a disposición de la fiscalía

Todos estos datos se han puesto a disposición de la fiscalía para que se pronuncie sobre la legalidad de las licencias concedidas, sin más intención por parte de la Plataforma que esclarecer los hechos y asegurar el cumplimiento de la ley. Además, se insta a la suspensión cautelar de unos estos proyectos que ocuparán cerca de 1.000 hectáreas y contribuirán a la degradación de los recursos naturales de todo el Bajo Aragón histórico en concurrencia con otros macroproyectos en esas comarcas y que no han sido evaluados en su conjunto.

En cualquier caso, ante las serias sospechas que han surgido estos últimos meses sobre las tramitaciones de los proyectos de Forestalia, se debería suspender la ejecución de todos ellos a expensas de aclarar judicialmente las supuestas irregularidades que se están investigando.

Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel.